Antonio Montes, líder indígena y ambientalista, es asesinado en Chihuahua.



La hoy víctima era conocido por la defensa de su comunidad por la tala ilegal y por el abuso de la construcción del aeropuerto. Esa obra detonó el movimiento encabezado por organizaciones sociales como la Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec) que ganaron en 2014 un litigio en tribunales federales para ordenar la indemnización a las comunidades.


Para Mónica Gretel Ruiz Anchondo, que se presenta como apoderada legal de esa comunidad indígena y asesora de Antonio, se trata de un crimen de Estado, debido a que Antonio había planeado una protesta días antes de su homicidio en las instalaciones del aeropuerto de Creel.

La intención de la manifestación era acusar un presunto mal uso del fideicomiso creado en 2016 para indemnizar a los pobladores por no haberlos consultado sobre esa obra de infraestructura comenzada en la administración de César. Ruiz Anchondo aseguró que anteriormente Antonio, de 43 años, había sido baleado y durante los primeros meses de éste 2020 le quemaron su vivienda en Creel.

La hoy víctima era conocido por la defensa de su comunidad por la tala ilegal y por el abuso de la construcción del aeropuerto.

Esa obra detonó el movimiento encabezado por organizaciones sociales como la Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec) que ganaron en 2014 un litigio en tribunales federales para ordenar la indemnización a las comunidades. Esa indemnización comenzó a avanzar el 28 de septiembre del 2016, cuando el Congreso del Estado publicó en el Periódico Oficial el decreto para formalizar ese fideicomiso público, a conformarse por 65 millones de pesos durante la administración de Javier Corral, en depósitos anuales de 8 millones 267 mil pesos y uno final en 2021 por 12 millones de pesos.

“Toño tenía un trabajo de años defendiendo su comunidad en contra del abuso y poder del estado al construirles el aeropuerto de Creel en sus tierras ancestrales, ganaron batallas legales importantísimas de la mano de la organización civil Contec, posteriormente al ser indemnizados por el gobierno con una suma de más de 60 millones de pesos, el comité técnico del fideicomiso bosques San Elías repechique hizo todas las argucias legales por años para que no pudieran acceder a dicho recurso”, dijo Ruíz Anchondo.

Al respecto hizo público en redes sociales que hace 3 meses se tomaron las instalaciones del aeropuerto para reclamar acceso al fondo del fideicomiso sin llegar a un acuerdo, y por lo cual se tenía programada una nueva protesta días antes del asesinato del activista indígena. Fuente: www.sinembargo.mx

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